¿DOBLE CRIMINALIZACIÓN O INEFICIENCIA DE LAS AUTORIDADES?

La doble criminalización o “revictimización“ que sufren las víctimas de un delito por la insensibilidad, irresponsabilidad e ineficiencia de las autoridades encargas de impartir “justicia”, es un mal cada vez más visto y común en la sociedad. En efecto, ese sufrimiento por partida doble de las víctimas es sólo un ejemplo del cáncer que padece nuestra estructura de justicia en el país, que lejos de fortalecer y promover el derecho que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la reforma de junio de 2008, otorga a las victimas y ofendidos del delito de participar activamente en el proceso penal y otros derechos que velan por su particular situación ante la comisión de un delito, como son la atención emocional, psicológica y física, solo evidencian la prepotencia y los malos tratos con que son tratados los ciudadanos.

Queda claro que en la actualidad, más allá de los programas de atención a víctimas u ofendidos de delitos, mediante los cuales se prestan, entre otros servicios de atención médica y psicológica de urgencia y especializada, legal, integración de grupos de autoayuda para víctimas u ofendidos, brigadas de apoyo psicoemocional, talleres psicoeducativos de prevención, apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas y capacitación en atención a víctimas u ofendidos de delitos; los derechos de las víctimas o los ofendidos de delitos traducidos en obligaciones directas para el Estado, no son completamente protegidos o cumplidos, pues la demanda ciudadana de maximizar esfuerzos para que se ponga al alcance de las víctimas u ofendidos del delito una autoridad o funcionarios públicos identificados inequívocamente por la sociedad, que reciba a toda persona de manera oportuna y sin distinguir su particular situación o tipo de requerimiento, proporcionándole la atención personalizada e inmediata que merece, inclusive apoyándola en la defensa legal de sus derechos, sin perjuicio de canalizarla a las dependencias especializadas según las necesidades particulares de cada persona o, en su caso, a los órdenes de gobierno que resulten competentes; se convierte en una mera fantasía.

Evitar lo que se ha conocido como “revictimización”, es decir que quienes han sido víctimas u ofendidos por la comisión de un delito, enfrenten además condiciones difíciles para el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos, no es algo ajeno o fuera del alcance de un Estado de Derecho, palmariamente se hace necesario que de manera paralela se brinde una especial, eficaz y oportuna atención a las víctimas u ofendidos de delitos, en particular a aquéllos afectados en su integridad física o psicológica, así como en su patrimonio, pero por personal con compromiso social y sentido humano.

Lo anterior parece ser algo fuera del alcance de un programa de capacitación, o de un aula escolar; consideramos que es importante hacer frente de manera paralela a otros problemas que afectan al sistema de justicia en nuestro país, tales como la excesiva burocratización, reasignación de sueldos y prestaciones y una perspectiva plural del problema, un tema que, sin duda, forma parte de la agenda legislativa pendiente.

Mtro. Roberto Hernández Treviño

Director Jurídico de Asconjur, S. C.